Texto declaración de Atocha español e inglés:

DECLARACIÓN de ATOCHA.

EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN PÚBLICA A LA SALUD MENTAL

Ni el pasado ha muerto ni está el mañana, ni el ayer escrito

(Antonio Machado)

 

Quienes suscribimos estas valoraciones y propuestas somos ciudadanos/as conscientes de los derechos de las personas y de las obligaciones de los poderes públicos, somos conocedores/as cualificados/as de lo que está ocurriendo en nuestro ámbito de actividad sanitaria, nos sabemos responsables de nuestras acciones y omisiones asistenciales, somos profesionales de la salud mental que hemos vivido, y junto con muchos otros protagonizado cambios de progreso que se plasmaron en los principios que inspiraron el Informe de la Reforma Psiquiátrica desde el último inicio de la construcción democrática y contra la resistencia de algunos contemporáneos. Dichos cambios han traído la atención a las personas con trastornos y problemas mentales hasta niveles de respeto muy superiores al existente en un pasado que muchos recordamos con nitidez.

Hemos llegado a un momento histórico en el que coexisten avances, insuficiencias y riesgos.

Estamos en un punto crítico, en el que no se puede sostener por más tiempo el mero análisis pasivo, o la queja inútil en tanto que desvinculada de la acción, o la “perfección” teórica y el acomodo en lo conocido.

Están en grave riesgo progresos fundamentales en nuestras vidas y en nuestra convivencia, y también en nuestra identidad profesional y ciudadana.

Por ello, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, hoy 26 de abril en Madrid, iniciamos una andadura en la que nos sumamos a otros ya en camino, y llamamos a todos quienes quieran sumarse a ella. Buscaremos en particular a todos que trabajan en el ámbito de la atención a la salud mental, sumando, integrando: otros colegas psiquiatras y psicólogos clínicos, y desde luego a otros compañeros de aportaciones esenciales como enfermería de Salud Mental, trabajo social, terapia ocupacional, educadores sociales, y otros.

Nos dirigiremos tambi a organizaciones que trabajan por la Sanidad Pública y a entidades y sectores sensibles y concernidos, buscando confluir, aportar, sumar, dibujar una trayectoria que se configura larga y de calado.

Colectiva y democráticamente, con tolerancia y valorando la riqueza de la diversidad de los análisis y de las propuestas, llamamos a construir con urgencia los medios para organizar líneas de acción sostenidas y dirigidas a modificar la grave situación actual que viene dañando logros anteriores, poniendo así en riesgo niveles de calidad imprescindibles en la atención a la salud mental y, de esta forma, enfrentar los peligros y daños que recibe la población por el deterioro progresivo de las concepciones, prestaciones y servicios de salud mental.

En ello estamos.

 SE ESTÁN CAUSANDO GRAVES DAÑOS

La política sanitaria que está ejecutándose ha causado ya graves daños. Y siguen produciéndose.

 La información que se va conociendo sobre la evolución de la salud mental de la población es muy preocupante. Se confirman los pronósticos y avisos realizados con antelación suficiente como para adoptar las medidas preventivas, que a pesar de ser propuestas por órganos con autoridad y conocimiento (OMS), fueron conscientemente ignoradas por quien tiene la responsabilidad de proteger la salud de la población.

El daño sigue creciendo. El Gobierno conoce estos datos y sabe que validan lo que hasta hace poco era calificada solo como una percepción. Ahora, desgraciadamente, ya no es sólo una opinión. Ahora son las pruebas del juicio a una política sanitaria irresponsable y desconsiderada con los más vulnerables.

Sufrimiento, enfermedad, empeoramiento de la existencia de muchísimas personas, paro, acortamiento del futuro, compromiso del desarrollo de la infancia y la juventud, empobrecimiento,... Esa es la estela que deja atrás una respuesta premeditada a la crisis que se muestra con especial crudeza en el grave aumento de la desigualdad social injusta y en la condena a la pobreza crónica a amplios sectores de la población. Sería muestra de incompetencia de los gobernantes si no fuera una acción intencionada, que lo es.

En la sanidad la crisis ha sido la justificación para intentar ejecutar, desde el Gobierno y las oligarquías económicas con intereses en el sector, un plan madurado hace tiempo: el de la transformación de la salud y la enfermedad en mercancía, y en negocio la asistencia sanitaria a los ciudadanos.

La ofensiva desatada contra la sanidad pública con la promulgación del RD Ley 16/2012 tenía antecedentes antiguos (la Ley 15/97), e ideas justificativas que fueron instalándose desde hace ya años como razones cuando sólo eran valoraciones de parte interesada (la supuesta bondad de la instauración del mercado como único regulador, la aparentemente neutra separación de provisor y financiador, la no demostrada insostenibilidad del sistema, ...).

Efectos más importantes de esa ofensiva son ya el deterioro de la asistencia y el daño a la equidad, así como el cambio de modelo sanitario al modificar el carácter universal de la asistencia con la recuperación del modelo mutualista. Los causantes de ello han abierto los diques que todavía impedían la privatización y la venta de la sanidad pública. Y todo se ha hecho con aparente urgencia, justificados en la sostenibilidad supuestamente amenazada, sin que la medida principal adoptada tuviera nada que ver con el motivo que se argüía, sin participación ni debate, violentando la democracia que obliga antes que a nadie al poder ejecutivo.

A tales objetivos tales métodos: el reparto justo de lo común se dialoga y se intenta convencer de la norma que ha de regirlo; sin embargo la apropiación de lo de todos se ejecuta con prisa y/o a escondidas, sin permitir la discusión de sus razones...: Supone un modo de expropiación.

En este contexto, el sistema asistencial de salud mental sufre un daño agravado, consecuencia tanto de lo limitado de sus recursos y de la frágil posición que había alcanzado entre las prioridades de los gobernantes y planificadores sanitarios, como de las insuficiencias y contradicciones propias de sus disciplinas, organización asistencial, gestión, conocimientos y prácticas. La embestida contra la sanidad pública encontró al sector de salud mental en medio de una crisis prolongada, precisamente cuando la necesidad de aquellos a quienes se deben sus profesionales, los ciudadanos, iba a verse incrementada como resultado de la crisis económica y sus correlatos.

Y mientras, los directamente afectados, sobrecargados ya por las necesidades de salud, las dificultades que les crean muchas veces la atención que se les presta, y la frustración de sus derechos desatendidos, son situados por los que gestionan su salud como observadores, mientras se les pretende embaucar con ofertas de tratamientos y de futuros asistenciales que sin embargo se les regatean hoy cuando aún los tienen como derechos reconocidos.

ESTÁBAMOS AVISADOS

Estábamos avisados de que la crisis económica conllevaba un riesgo cierto de agravamiento de la salud mental de la población; también de las medidas para controlar o mitigar ese riesgo (OMS, 2010). Sin embargo,no se ha adoptado ninguna en el sentido recomendado.

Muy al contrario, se ha sostenido por el Gobierno una respuesta a la crisis, presentada como la única realizable cuando solo era una de las posibles, que ha agravado la situación. Esa respuesta consistente principalmente en la reducción de los servicios y prestaciones públicas, y en la privatización de la atención a las necesidades sanitarias, ha creado una situación en la que:

  • Se vulneran los derechos de los ciudadanos/as a la participación, al conocimiento de la información sanitaria relevante para sus vidas, al acceso equitativo a los servicios públicos y a la protección de la salud.
  • Se oculta información sobre la evolución de la salud pública, los planes del Gobierno en relación con la asistencia sanitaria en salud mental, el funcionamiento de los servicios para su atención, incidentes adversos y daños relacionados con la restricción de recursos y la mala gestión de la red asistencial.
  • Se carece de dirección, de capacidad de gestión y de una estrategia de salud mental que defina un plan para hacer frente a la evolución de la situación. La acción gubernamental ha debilitado y paralizado la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, que se encontraba en desarrollo desde 2006, lo que manifiesta una grave irresponsabilidad en este momento social y sanitario. La carencia de medios, la dirección incompetente y la gestión orientada a resultados numéricos presentados con apariencia de productividad, está creando efectos devastadores en la calidad asistencial y dañando la motivación e iniciativa profesional.
  • Se impide la participación en el funcionamiento y gobierno sanitarios, tanto de la comunidad como de los profesionales. Se ha agravado el autoritarismo institucional en el funcionamiento cotidiano de los servicios de salud mental, se están desarticulando los escasos instrumentos colectivos de participación que aún existían, se promueve una forma de gestión que desconsidera la capacidad de los profesionales para aconsejar, asesorar y decidir.
  • Se empobrece y limita la respuesta asistencial con efectos muy negativos, tanto sobre los derechos de los ciudadanos a prestaciones eficaces como sobre la eficacia terapéutica de los tratamientos. La capacitación de los profesionales permitiría niveles de calidad y seguridad asistencial muy superiores a los que actualmente se alcanzan pero se limita gravemente el necesario abanico de diversas opciones terapéuticas hacia las biologicistas, cerrando las redes de relación interservicios diversificados en el territorio, anulando la consideración y riqueza de los equipos, borrando el derecho a la palabra de los usuarios y el derecho a la escucha de los profesionales para un ejercicio clínico que tiene que tener en cuenta la naturaleza y condiciones del compromiso clínico y psicoterapéutico en su caso, y acabando con los pocos pasos dados hacia el empoderamiento de los profesionales y los usuarios y sus familias.
  • Se descuidan los instrumentos de seguimiento de la formación de las especialidades de SM en los servicios de SM acreditados para tal fin (Unidades Docentes Acreditadas, UDAs). Deben quedar aseguradas y potenciadas adecuadas condiciones para esta importante responsabilidad de formar las nuevas generaciones de especialistas de SM, regular suficientemente las funciones y tiempos protegidos para ejercer la tutoría, establecer el Libro del Residente de SM como instrumento imprescindible, promover auditorías parcialmente dependientes de las Comisiones nacionales de cada especialidad, potenciar una formación de excelencia a resguardo de otras formaciones que en paralelo pudieran desarrollarse en dichas UDAs en detrimento de la formación de los especialistas de SM (Master, cursos de postgrado y otras).
  • Se potencia la estigmatización y la marginación de las personas más gravemente afectadas, y no se previene la evolución hacia la gravedad de aquellas que aún no se encuentran en ese estado. Recientes valoraciones de altos responsables del entorno ministerial en la planificación en salud mental vinculando la enfermedad mental con el riesgo público sanitario, y con ello justificando acciones de control y vigilancia, constituyen tanto un indicador muy preocupante de la actitud prejuiciosa y la carencia de capacidad de relevantes responsables públicos en esta materia como de las amenazas en curso. Sufren estos el peor daño: Son los más frágiles, los más necesitados, los que se encuentran en peor condición material, relacional y psíquica, los primeros y más gravemente afectados por el deterioro actual de la atención a la salud mental.
  • En el abordaje de los sujetos de las demandas de atención en Salud Mental, se establecen discriminaciones diagnósticas y terapéuticas que es importante modificar atendiendo al conocimiento clínico y valorando este aspecto desde una gestión clínica que conozca el valor de la actuación en salud mental comunitaria en los tres niveles de Prevención: Primaria, Secundaria y Terciaria.
  • Se anuncia el reforzamiento de las medidas de coerción mientras se reducen las acciones orientadas a la reinserción social. El temible proyecto de reforma del Código Penal promovido desde el Ministerio de Justicia, a modo de reverso de las valoraciones estigmatizantes antes citadas, recrea el prejuicio de la peligrosidad del enfermo mental, y provoca de nuevo una desprotección y vulneración intolerable de sus derechos al diferenciarlo de los demás ciudadanos solo por causa de su enfermedad. Donde debiera haber terapia e integración social sólo se prevé más coerción.
  • Las personas que padecen trastorno mental grave están siendo las que sufren el peor daño. Son las más frágiles, las más necesitadas, las que se encuentran en peor condición material, relacional y psíquica, las primeras y más gravemente afectadas por el deterioro actual de la atención a la salud mental. Resulta insufrible que continúen existiendo hospitales psiquiátricos en el Estado de régimen manicomial.
  • Se están destruyendo activamente con estas políticas las bases de la convivencia social. El modelo de sociedad por el que decidimos optar (democrática, tolerante, orientada en el reparto de lo común por la equidad) se está cambiando sin plantearlo a discusión, sin consultarlo. Se está creando otra vez la situación asfixiante en la que los más débiles no pueden esperar el apoyo que les deben las instituciones públicas.

La preocupante política en curso en salud mental compuesta de imprevisión, ausencia de dirección, incapacidad de gestión, desorganización, insensibilidad social, prejuicio, autoritarismo, deficiente gestión de los escasos recursos, e ignorancia, nos conduce hacia un horizonte sanitario y social con insoportables niveles de sufrimiento personal y colectivo, de enfermedad, insolidaridad, devaluación de las personas, injusticia , y miedo.

 DEBE SER FRENADA LA CONTRARREFORMA EN MARCHA

La regresión de la atención a la salud mental en ejecución debe ser frenada, y al tiempo deben ser corregidas las insuficiencias que facilitaron el deterioro actual.

En el marco de la defensa de la sanidad pública, y de la gratuidad y universalidad en el acceso a sus prestaciones; uniéndonos a todos quienes promueven la mejora del Sistema Nacional de Salud para que, orientado en su actividad por la búsqueda de la equidad y por la protección de la salud de la población, contribuya al progreso de nuestra sociedad hacia mayores niveles de justicia social; quienes suscribimos este documento valoramos que deben desarrollarse las siguientes líneas de trabajo para hacer frente a la situación que antes analizamos:

  1. Ha de reafirmarse el carácter público de todos los bienes y servicios sanitarios, tanto en su titularidad como en su gestión. Sin excepciones, sin ambigüedades, sin matices. La salud es un bien colectivo y su protección es un derecho de todas/os, es expresión y base del igual valor de las personas, es condición para el desarrollo       económico y social. Si las personas no son privatizables su salud no debe ser objeto de negocio.
  2. La atención a la salud mental ha de regirse por los principios de universalidad, equidad, eficiencia, solidaridad y normalización. Nadie ha de quedar excluido de la misma si lo necesitara, nadie ha de dejar de recibir los cuidados y la atención que precise, de carácter integrador.
  3. En la atención a la salud mental ha de revitalizarse (redefiniendo lo necesario tras analizar la experiencia acumulada) la comprensión multidimensional, la respuesta multiprofesional, la orientación asistencial comunitaria, la continuidad de cuidados, la atención y apoyo en el ámbito domiciliario, y el trabajo psicosocial de prevención. La dificultad de desarrollo de estas orientaciones no justifica su abandono sino que exige su mejor definición, sin ignorar que el empobrecimiento terapéutico y el imperio y abuso de la respuesta farmacológica como principal instrumento de atención, son también consecuencia del abandono de estos planteamientos.
  4. La organización y funcionamiento de los servicios de atención a la salud mental en todos los niveles ha de ser participativa, transparente, y potenciadora de la participación de los profesionales y de los usuarios y sus familias. Ello requiere órganos de gestión democráticos, y la profesionalización e independencia política de la gestión.
  5. Ha de situarse el centro de gravedad del esfuerzo asistencial en quienes más lo necesitan, clarificando y ordenando la demanda dirigida a los servicios de salud mental, priorizando el desarrollo e implantación de recursos para la respuesta a las necesidades de las personas con trastorno mental grave.
  6. Es necesario corregir la infradotación de recursos asistenciales materiales y profesionales y proceder con urgencia a la verificación de existencia de condiciones para las buenas praxis atendiendo las especifidades del ejercicio de cada titulación profesional.
  7. Para revitalizar la atención a la Salud Mental, es preciso sostener los Centros de Salud Mental como eje vertebrador y de orientación funcional de la asistencia y por ello ha de modificarse la deriva hacia una posición nodal, jerárquica en la red asistencial de las Unidades de Hospitalización en salud mental de los Hospitales Generales. Su progresivo papel en la dirección de facto de la respuesta asistencial desdibujando en demasiadas ocasiones la grave ausencia de una auténtica red planificada y suficiente de recursos alternativos a la hospitalización, obliga a revisar su funcionamiento, los fines que se han ido imponiendo en su práctica, sus dotaciones, sus modos asistenciales, los criterios de evaluación que valoran su actividad, y su relación con el conjunto de la red asistencial de servicios diversificados y territorializados, que debe ser promovida. Fue un logro de la Reforma el cierre de hospitales psiquiátricos manicomiales. Pero cada vez con mayor fuerza se observa en territorios del Estado un surgimiento del falso debate de más o menos camas de larga estancia en los hospitales generales, lo que constituye el enmascaramiento de una involución solapada que hace difícil y en ocasiones imposibilita el tratamiento y mantenimiento de ciudadanos con trastornos psicopatológicos graves en su medio.
  8. No se ha de consentir ningún retroceso en la igualdad de trato legal a las personas. La oposición ciudadana a la modificación del Código Penal es una necesidad democrática. El prejuicio hacia las personas con enfermedad mental al definirlas como peligrosas solo puede causar daño y sufrimiento. Se debe mantener la alerta muy especialmente ante cualquier ampliación o presencia de prácticas coercitivas en los servicios de salud mental, que por su propio carácter reducen la autonomía de las personas y por ello imposibilitan el progreso hacia los objetivos de la asistencia sanitaria y social a las mismas. La cuestión de la defensa de los derechos (políticos, sociales, sanitarios) de las personas con enfermedad mental se ha de situar en primer plano de las preocupaciones profesionales. En este sentido la asistencia de corte manicomial en los diferentes hospitales psiquiátricos del Estado que aún existen, resulta tanto obsoleta como intolerable.
  9. Deben implantarse políticas de desarrollo profesional orientadas a recuperar la motivación de los profesionales, a posibilitar el ejercicio de sus capacidades, a potenciar su formación de manera coherente y acorde con los objetivos sanitarios explícitos, a independizarles de la presión y sesgo formativo promovido por la industria farmacéutica, y a valorarles de acuerdo con su efectiva contribución a la actividad del Sistema Nacional de Salud.
  10. Todos y cada uno de los profesionales sanitarios de salud mental hemos de asumir plenamente nuestra responsabilidad, defendiendo nuestra autonomía en la realización del acto sanitario (de diagnóstico, de cuidado, o de tratamiento) de forma acorde tanto con lo previsto en la ley, que nos responsabiliza y nos protege, como con las exigencias éticas por las que orientamos nuestra actividad, reconocida como de especial valor social y humano. Adquiere importancia particular en la actual situación nuestro compromiso con la defensa de los derechos sanitarios de los ciudadanos impidiendo activamente que los profesionales seamos instrumentalizados para privar al ciudadano/a de la atención que precise, o para implantar y extender diagnósticos y tratamientos determinados en lo fundamental por intereses comerciales de la industria farmacéutica.
  11. Debe potenciarse la formación especializada a través del modelo Interno-Residente en las disciplinas que conforman los equipos de salud mental, adecuando la misma a las necesidades asistenciales y a los procesos del equipo interdisciplinar, facilitando la consolidación, diversificación, crecimiento y calidad de sus programas y actividades formativas. En el proceso formativo, y ello desde el Grado, debe atenderse a la formación ética y en derechos de las personas por ser este el sustrato más básico de la identidad del sanitario, en tanto que ciudadano en proceso de progresiva asunción de responsabilidad en la especial función social de la atención sanitaria a los otros. Ha de garantizarse que el acceso a la formación especializada Interno-Residente se realice previa adquisición de la condición de profesional sanitario, hoy aún incomprensiblemente pendiente de resolver en el caso de psicología clínica.
  12. Ha de potenciarse la investigación: optimizando los recursos mediante acciones de integración con los principales centros e instituciones en las que esta se desarrolla (Universidades muy en particular), formando y facilitando la implicación de los profesionales, ampliando los objetos de interés investigador vinculándolos a las necesidades de la práctica, y reduciendo la dependencia de la industria farmacéutica.
  13. Es necesario reforzar y apoyar el movimiento asociativo de usuarios/as y familias, con el objetivo de su empoderamiento, promoviendo su participación en la elaboración, seguimiento, evaluación y gestión de los programas y planes de atención a la salud mental, así como en el marco de la intervención clínica.
  14. Deben derogarse ya la Ley 15/1997sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, y el Real Decreto-ley (ya convalidado como Ley) 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

 

En la defensa de estos planteamientos y propuestas hemos de recordar que el progreso nunca está asegurado, y que siempre necesita para avanzar y sostenerse el mismo esfuerzo.

 

En Madrid, a 26 de abril de 2014

Firman esta Declaración:

Pedro Cuadrado, Psiquiatra, Madrid

Encarna Mollejo, Psiquiatra, Madrid

Iván de la Mata, Psiquiatra, Madrid

Ana Castaño, Psiquiatra, Madrid

Luis Doria, Psiquiatra, Madrid

Sergio García Reyes, Psiquiatra, Madrid

Enrique Rivas, Psiquiatra, Madrid

José Luis Lledó, Psiquiatra, Madrid

Manuel Desviat, Psiquiatra, Madrid

Teresa Suárez, Psiquiatra, Madrid

Pedro Pérez, Psicólogo Clínico, Madrid

Miguel Angel Sánchez, Psicólogo Clínico, Madrid

Fabiola Rincón, Psicóloga Clínica, Madrid

Sara Salas, Psicóloga Clínica, Madrid

Emilia Glez. Sánchez, Psicóloga Clínica, Madrid

Mayte Almendro, Psicóloga Clínica, Madrid

Isabel Cuéllar, Psicóloga Clínica, Madrid

Francisco Cervilla, Psicólogo Clinico, Madrid

Begoña Olabarría, Psicóloga Clínica, Madrid

Fernando Mansilla, Psicólogo Clínico, Madrid

Consuelo Escudero, Psicóloga Clínica, Madrid

José García González, Psiquiatra, Asturias

Enrique Serrano Psiquiatra, Asturias

Javier Montejo Psiquiatra, Asturias

Luis Bastida, Psiquiatra, Asturias

Joaquín Moreno, Oviedo, Psiquiatra, Asturias

Mª Eugenia Díez Fernández, Psicóloga Clínica, Oviedo, Asturias

Tina Ibáñez Pascual, Psicóloga Clínica, Gijón, Asturias

Javier Fdez. Méndez, Psicólogo Clínico, Asturias

Juan García Haro, Psicólogo Clínico, Asturias

Víctor Pedreira Crespo, Psiquiatra, Pontevedra, Galicia

Mª Dolores Domínguez Santos, Psiquiatra, Santiago de Compostela Galícia

Mª Victoria Rodríguez García, Psiquiatra, Vigo, Galícia

Ramón Area Carracedo, Psiquiatra, Santiago de Compostela, Galícia

José Manuel García de la Villa Merchán, Psiquiatra, Vigo, Galicia

Tiburcio Angosto Saura, Psiquiatra, Vigo, Galicia

David Simón Lorda, Psiquiatra, Orense, Galicia

Soledad López Ares, Psiquiatra, Lugo, Galicia

Marisol Filgueira Bouza, Psicóloga Clínica, A Coruña, Galicia

Miguel Anxo García Álvarez,Psicólogo Clínico,Santiago d Compostela, Galicia

Santiago Lago Canzobre, Psicólogo Clinico, Ferrol, Galicia

Rosa Cerqueiro Landin, Psicóloga Clínica, Ferrol, Galicia

Melania Beceiro Rico, Psicóloga Clínica, Santiago de Compostela,Galicia

Onésimo González, Psiquiatra, Huelva, Andalucía

Francisco Torres, Psiquiatra, Granada, Andalucía

Marcelino López Alvarez, Psiquiatra Sevilla, Andalucía

Ignacio del Rio, Psiquiatra, Cádiz, Andalucía

Ignacio Lara, Psiquiatra, Cádiz, Andalucía

Mª Isabel Rodríguez, Psiquiatra, Jaén, Andalucía

Juan Francisco Jiménez, Psicólogo Clinico, Granada, Andalucía

Juan Carlos Maestro, Psicólogo Clinico, Granada, Andalucía

Margarita Laviana Cuetos Psicóloga Clínica, Sevilla, Andalucía

Manuel Moreno, Psicólogo Clínico, Granada, Andalucía

Olvido Granada Psiquiatra, Toledo, Castilla la Mancha

Laura Martín, Psiquiatra, Valladolid, Castilla León

Jose Berdullas Barreiro, Psicólogo Clinico, León, Castilla León

Valentin Barenblit, Psiquiatra, Barcelona, Calaluña

Àngels Vives Belmonte Psiquiatra, Barcelona, Calaluña

Jordi Marfà Vallverdú, Psiquiatra, Barcelona, Calaluña

Josep Moya, Psiquiatra ,Barcelona, Cataluña

Teresa Moratalla, Psicóloga Clínica, Barcelona, Calaluña

José Leal Rubio, Psicólogo Clinico, Barcelona, Cataluña

Regina Bayo, Psicóloga Clínica, Barcelona, Calaluña

Miguel Angel Gonzalez Torres, Psiquiatra, Bilbao, Pais Vasco

Iñaki Markez Psiquiatra, Bilbao, País Vasco

Fernando Santander, Psquiatra, Vitoria, Pais Vasco

Cristina Azpilicueta, Psicóloga Clínica, Donosti, País Vasco

Julián Alberdi, Psicólogo Clinico, Pamplona, Navarra

Manuel Gómez –Beneyto, Psiquiatra, Valencia, Valencia

Rafael Tabares Seisdedos, Psiquiatra, Valencia

Miquel Munárriz, Psiquiatra ,Castellón, Valencia

Jose Salazar Fraile, Psiquiatra, Valencia, Valencia

Amparo Belloch Fuster, Valencia, Psicóloga Clínica, Valencia

Mª Ángeles Torres, Psicóloga Clínica, Valencia

Ana Sánchez Guerrero, Psicólogo Clinico, Valencia

Alicia Meseguer, Psicóloga Clínica Valencia

Felipe Hurtado, Psicólogo Clínico Valencia

Prof. Antonio Martín, UAM, Psic Social Comunitario UAM, Madrid

Susana Camacho, Psic Social Comunitario, Madrid

José Manuel Arévalo López, Andalucía. Ususarios SM

 

DECLARATION OF ATOCHA

IN DEFENCE OF PUBLIC MENTAL HEALTH CARE

Neither the past is dead nor tomorrow or yesterday are written

(Antonio Machado)

 

We the undersigned of these opinions and proposals are citizens aware of the people’s rights and the obligations of the public authorities, we have skilled knowledge of what is going on in our health activity environment, we know that we are responsible for our care actions and omissions, we are mental health professionals who have lived and, together with many others, lead changes with progress which were embodied in the principles inspiring the Psychiatric Reform Report from the last start of the democratic construction and against the resistance of some contemporaries. Such
changes have brought the attention to people with mental problems and disorders to much higher levels of respect than those in the past that many of us clearly remember.
We have reached a historical moment where improvements, deficiencies and risks coexist.
We find ourselves at a critical point where we can no longer engage in a merely passive analysis or fruitless complaining without taking action, nor can we strive for theoretical “perfection” and find comfort in what is familiar.
Basic advances in our lives and our co-existence are seriously at risk, as well as our professional and civic identity.
For this reason, accepting the responsibility that corresponds with us, today on April 26th in Madrid, we join other voices and call on everyone who wants to join us, particularly those working in mental health care: other psychiatrists and clinical psychologists, and of course colleagues providing essential contributions such as mental health nursing, social work, occupational therapy, social educators and others.
We will address organizations working in Public Health, sensitive and concerned entities and sectors, searching for the confluence, contribution, addition and drawing of a long and deeply shaped trajectory.
Collectively and democratically, with tolerance and appreciating the wealth of the diversity of analysis and proposals, we call to urgently create the means to organize sustained lines of action designed to modify the severe current situation, which has been damaging the previous achievements, thus endangering the essential levels of quality in mental health treatment, and accordingly confront the dangers and harm to the population produced by the progressive deterioration in mental health conceptions, benefits and services.
We are working on it.

SERIOUS DAMAGE IS BEING DONE


The health care policy currently being implemented has already caused serious damage and continues to do so.
The information about the evolution of mental health in the population is quite worrisome. The forecasts and alerts given by organisms with knowledge and authority (WHO, 2010) enough in advance to adopt preventive measures are being confirmed, having been ignored by those responsible for protecting the population’s health.
The damage keeps on growing. The Government knows these data and that they validate what was considered as just a perception so far. In the end it is unfortunately not only an opinion. Now they represent the evidences of the judgment to an irresponsible healthcare policy, thoughtless with the most vulnerable members of the population.
Suffering, disease, worsening of the existence of many people, unemployment, shortening of the future, the development of infancy and youth being affected, impoverishment… This is the trail left by a
premeditated response to the crisis showing a special stark in the severe increase of unfair social inequality and broad sectors of the population condemned to chronic poverty. It would be a sign of the rulers’ incompetence if it was not an intentional action, but it is so.
In public health, the crisis has been the justification for the Government and the economic oligarchies’ intent, with interests in the sector, to execute a plan long ago matured: the transformation of health and disease in merchandise and the citizen health care in business.
The aggression unleashed against the public health services with the proclamation of the RD Law 16/2012 had an old precedent (the Law 15/97), and justifying ideas which progressively took power over the years as reasons when they were just estimations of interested parts (the supposed goodness of the market establishment as the only ruler, the apparently neutral separation between providers and financial backer, the unproven lack of sustainability of the public system…).
More important effects of this offensive are in fact the deterioration of health care and the damage to equity, as well as the change of the model of health care due to the modification of the universal character of health care with the restoration of the mutualist model. The creators of this situation have activated the doors of the dikes that still prevented against the privatization and sale of the public health service. This all has been made with apparent urgency, justified by the supposedly threatened sustainability, while the adopted main measure had nothing to do with the argued reason, without participation or debate, violating democracy which is imperative for the executive power over the rest of the people.
For such objectives, such methods: the fair distribution of the common asset is subject of dialogue and they try to persuade of the regulation that must rule it; however, the appropriation of the public belongings is hurriedly and secretly executed, not allowing for the discussion of their reasons…: It represents a form of expropriation.
In this context, the mental health care system has suffered additional harm, both because of its limited resources and its fragile situation among the priorities of health care leaders and planners, and due to the deficiencies and contradictions in their disciplines, care organization, management, knowledge and practices. The attack against the public health system found the mental health sector in the midst of a prolonged crisis, precisely when the needs of those whom the professionals are responsible for, citizens, would increase as a result of the economic crisis and its correlates.
Meanwhile, the directly affected, already overloaded by health needs, the difficulties often created by the care offered, and the frustration of their neglected rights, are situated as observers by those who manage their health, while these try to dupe them with treatment and future care offers which are today on the other side denied despite their preserved character of acknowledged rights.

WE WERE INFORMED


We were informed that the economic crisis involved a certain risk of aggravation of the population’s mental health; and about the measures to control or mitigate this risk (OMS, 2010) as well. However, none of them has been adopted in the recommended sense.
On the contrary, the Government has maintained a response to the crisis, presented as the only one feasible when it was just one of the possible, that has aggravated the situation. This response, mainly consisting on the reduction of public services and benefits, and the privatization of the attention to health needs, has created a situation where:
• There is a violation of the citizens’ rights to participate in making decisions that concern them, to have knowledge about relevant health care information for their lives, to fair access to public services and protection of health.
• Information is concealed about the evolution of public health, about the plans of the Government for mental health care, about the functioning of the care services, about adverse incidents and harm produced by the restriction of resources and the mismanagement of the health care network.
• There is a lack of direction, management capability and a mental health strategy that defines a plan to deal with the evolution of the situation. The Government’s action has debilitated and paralyzed the Mental Health Strategy of the National Health System, being developed from 2006, which represents a severe lack of responsibility in the present health and social moment. The lack of means, the incompetent leadership and management oriented to presenting false productivity results, are producing devastating effects on the quality of the services and harming the professional motivation and initiative.
• Participation in the health care functioning and leadership is impeded, both in the community and among the professionals. Institutional authoritarianism in the daily functioning of the mental health services has increased, dismantling the scarce collective instruments of participation still available, and fostering a form of management that does not consider the professional capacity to advise, assess and make decisions.
• The health care response is deteriorating and becoming more limited with very negative effects both on the citizens’ rights to effective benefits and on the therapeutic efficacy of treatments. The professional qualification would allow for levels of health quality and security much higher than those presently achieved, but the necessary range of diverse therapeutic options is severely limited towards the biological ones, closing the networks of relationships among services diversified in the territory, destroying the consideration and richness of teams, erasing the users right to talk and the professional right to listen for a clinical practice that must consider the nature and conditions of the clinical and even the psychotherapeutic commitment, and extinguishing the few steps taken towards the empowerment of the professionals, the users and the families.
• The follow-up instruments of training on Mental Health specialties in the certified Mental Health services (Educational Accredited Units, EAUs) are being disregarded. Adequate conditions for this important responsibility of training the new generations of Mental Health specialists must be guaranteed and promoted, with functions and protected time for tutoring regulated enough, to establish the Mental Health Resident Handbook as an indispensable tool, to promote audits partially dependents on the National Committees of each specialty, to enhance an education of excellence protected from other parallel programs liable to be developed in these EAUs in detriment of the training of Mental Health specialists (Master, postgraduate courses and others).
• The stigmatization and marginalization of the most seriously affected people are being fomented, and the evolution towards severity of those who are not under this condition yet is not being prevented. Recent estimations of high charges in the ministerial setting of mental health planning linking mental disease with public health risk, thus justifying coercion measures of control and vigilance, represent a very worrying sign of the prejudiced attitude and lack of capacity of relevant public leaders in this field and of the ongoing threats. These suffer the worst damage: the most fragile ones, those with the biggest necessities, those under the worst material, relational and psychic conditions are the first and most severely affected by the present deterioration of the attention to mental health.
• Diagnostic and therapeutic discriminations are done in the approaching of the subjects of attention demands in Mental Health, which must be changed according to the clinical knowledge and assessing this aspect from a clinic management aware of the value of the intervention in community mental health in the three levels of Prevention: Primary, Secondary and Tertiary.
• The reinforcement of coercive measures is announced while the actions orientated to social reinsertion are reduced. The dreadful Penal Code reform project promoted by the Ministry of Justice, representing the reverse of the stigmatizing assessments above mentioned, recreates the prejudice of dangerousness of the mental patients and once again provokes a lack of protection and intolerable violation of their rights because it differentiates them from the rest of the citizens due to their disease. Where there should be therapy and social integration, only more coercion is foreseen.
• People with severe mental disorder are suffering the worst damage. They are the most fragile, the ones with the biggest necessities, under the worst material, relational and psychic condition, the first and most severely affected by the present deterioration of the attention to mental health. The maintenance of psychiatric hospitals with the asylum model in the State is unbearable.
• The foundations of the social conviviality are being actively destroyed by these policies. The model of society we decided to bet on (democratic, tolerant, oriented to the distribution of the common asset according to equity) is being changed without debate or query. Once again, an asphyxiating situation is being created, where the weakest ones cannot expect the support that the public institutions owe them. The worrying ongoing policy in mental health, composed of lack of foresight, lack of direction, management incompetence, disorganization, lack of social sensitivity, prejudice, authoritarianism, deficient management of the scarce resources, and ignorance, leads us towards a health care and social horizon with unbearable levels of personal and collective suffering, disease, lack of solidarity, devaluation of people, injustice and fear.


THE COUNTER-REFORM CURRENTLY IN PROGRESS MUST BE STOPPED

The regression of the attention to mental health being executed must be stopped and, at the same time, the insufficiencies that facilitated the current deterioration must be corrected. In the framework of defence of public health care, free and universal access to its benefits; joining everyone who promotes the improvement of the National Health System so that, once its activity oriented to the search of equity and the protection of the population’s health, it contributes to the progress of our society towards higher levels of social justice; we the undersigned of this document estimate that, to deal with the situation above analyzed, the following lines of action must be developed:
1. The public nature of all the health care goods and services, their ownership and their management, must be reaffirmed. Without exceptions, without ambiguities, without nuances. Health is a collective good, and its protection must be a right available to everyone, the expression and the basis of the equal value of individuals, and a condition for the economic and social development. If people are not liable to be privatized, their health must not be object of business.
2. Mental health care must follow the principles of universality, equity, efficiency, solidarity and integration. No one who needs it can be excluded from it, nobody can be prevented from receiving the care and attention needed, with an integral character.
3. In mental health care, there must be a revitalization of the multidimensional approach, the multi-professional response, the community care orientation, the continuity of care, attention and support in the home setting, and social work of prevention (redefining what is needed after having analyzed the accumulated experience) must be revitalized. The difficulties for the development of these orientations does not justify its abandonment but rather they require a better definition, not ignoring that the therapeutic impoverishment and the empire and abuse of the pharmacological response as the main instrument of attention are also the consequence of the abandonment of those proposals.
4. The organization and functioning of the mental health care services at all levels must be participative and transparent, enhancing the participation of professionals, users and families. This requires democratic management organs, and the professionalization and political independence of management.
5. The gravity center of the care effort must be focused on those who need it the most, clarifying and arranging the demand directed to the mental health services, giving priority to the development and implementation of resources to meet the needs of people with severe mental disorder.
6. It is necessary to correct the insufficient supply of material and professional health care resources, and to urgently verify the existence of actual conditions for good practices, paying attention to the specificities of each professional degree exercise.                                                                                                           7. To revitalize the Mental Health care, the Mental Health Centers must be kept as the central column of the functional orientation of care, so the Inpatient Mental Health Units in the General Hospitals must not hold a nodal hierarchic position in the health care network. Their progressive role in the actual direction of the care response, blurring too often the severe lack of an authentic planned and sufficient network of alternative resources to hospitalization, obliges to review their functioning, the goals that have been progressively imposed on their practice, their staff, care modes, assessment criteria to evaluate their activity, and their relationship to the whole network of diversified and territorialised care services that must be promoted. The closure of the psychiatric hospitals with the asylum model was an achievement of the Reform. But the false debate about the recommended number of long stay beds in the general hospital re-arises with increasingly more force in the State territories, representing the masking of an overlapped involution that makes it difficult and sometimes obstructs the treatment and maintenance of citizens with severe psychopathological disorders in their environment.
8. No recession in the equality of legal treatment of the persons must be allowed. The citizen opposition to the modification of the Penal Code is a democratic necessity. The prejudice towards the people with mental disorder defined as dangerous can only cause harm and suffering. It is necessary to support the alert especially before any extension or presence of coercive practices in the mental health services, which due to their own character reduce the people’s autonomy, thus obstructing progress towards the objectives of their health and social care. The defence of the political, social and health rights of people with mental disease must be a priority among the professional concerns. In this sense, the asylum model of care in the different psychiatric hospitals, of which a significant number still exists in the State, results obsolete as well as unbearable.
9. Professional development policies must be implemented, in order to recover the professionals’ motivation, enable them to exercise their capabilities, foster their training coherently according to the explicit health objectives, keep themselves independent of the pressure and training bias promoted by the pharmaceutical industry, and develop a professional career based on their effective contribution to the National Health System.
10. As mental health care professionals, we all have to completely accept our responsibility, defending our autonomy in performing the health care act (of diagnosis, care, treatment or rehabilitation) in accordance with the foreseen in the law, that protects and holds us responsible, and the ethical demands orientating our activity, with an acknowledged special social and human value. Our commitment to the defence of the citizen’s health rights acquires a particular importance in the present situation as it prevents the professionals from being used to deprive citizens of the attention they need, or to establish and extend diagnosis and treatments basically determined by the commercial interests of the pharmaceutical industry.
11. Specialized training must be fomented through the Intern-Resident Model in the disciplines that make up mental health teams, as complement to the health care needs and the processes of the interdisciplinary team, facilitating the consolidation, diversification, growth and quality of their training programs and activities. In the training process, from the Degree, attention must be paid to ethics training and on the rights of individuals, which represents the most basic substrate of the identity of the health professional as a citizen in the process of progressive assumption of responsibility in the special social function of the other health care. Access to the specialized Intern- Resident training must take place with the previous acquisition of the condition of health care professional, a situation that today is still, incomprehensibly, pending resolution in the case of the clinical psychology.
12. Research must be fomented: optimizing resources through integration actions with the main centers and institutions where it is developed (Universities in particular), forming and facilitating the involvement of professionals and users, broadening and linking the research objects of interest to the needs of clinical practice and community health care, and reducing dependence on the pharmaceutical industry.
13. It is necessary to reinforce and support the empowerment of associations of users and their families, promoting their participation in the elaboration, follow-up, evaluation and management of the mental health care plans, programmes and research, and in the framework of the clinic intervention.
14. Immediately repeal Law 15/1997 on the authorization of new forms of management of the National Health System, and Royal Decree-Law (already ratified as Law) 16/2012 on urgent measures to guarantee the sustainability of the National Health System and improve the quality and security of its benefits, as they form the normative base that has been providing support for the privatizing expropriation of the NHS and for the limitations on health care for broad sectors of the population (mutual model).
In the defence of these approaches and proposals, we must remind that the progress is never guaranteed, and that it always needs the same effort to move forward and keep going.
Signed in Madrid, April 26th 2014

 

 

Link para firma:

http://www.change.org/p/jes%C3%BAs-mar%C3%ADa-posada-moreno-valorar-la-declaraci%C3%B3n-de-atocha-en-defensa-de-la-atenci%C3%B3n-p%C3%BAblica-a-la-salud-mental-en-el-congreso-de-los-diputados-derogar-la-ley-15-1997-y-el-real-decreto-ley-16-2012